Las vueltas que da la vida

La política de paz del Presidente Santos no representa una ruptura con la de su antecesor. Sigue la misma línea.  Lo que la diferencia es que las iniciativas de paz del Presidente Uribe nunca prosperaron, mientras que las actuales avanzan.

Recientemente, el Senador Uribe ironizó sobre la intención del Presidente Santos de comenzar una negociación de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Para el ex presidente, la iniciativa del gobierno entrega un protagonismo político injustificado a este grupo armado ilegal.

El duro discurso de expresidente contrasta con el esfuerzo que hizo durante su gobierno para negociar un acuerdo de paz con el ELN.  Las propuestas de negociación y las demostraciones de paz de Uribe fueron más lejos que muchas de las concesiones que el actual gobierno le ha hecho a las FARC.

En su afán por sentar al ELN en la mesa de negociaciones, Uribe se reunió en 2003 con Felipe Torres en Medellín y le manifestó su disposición de ir hasta al monte para hablar con ellos. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1047343

Ahora qué no es presidente, sus posiciones han cambiado radicalmente. Uribe insiste en que un cese al fuego unilateral y verificable es una condición inamovible para negociar con grupos armados ilegales. Pero, en su esfuerzo por iniciar diálogos de paz con el ELN, el propio ex presidente afirmó en Junio de 2005:

“Que llamen a quien quieran de la comunidad internacional o de la comunidad nacional para que garantice la seriedad de ese proceso. Para que garantice el cese de hostilidades de ELN, para que garantice el cese de operaciones militares del ejército, de la fuerza pública de la Patria”  http://historico.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2005/junio/09/01092005.htm

El Senador Uribe repite incansablemente que en las conversaciones de la Habana se está entregando el país a las FARC.  En 2003, sin embargo, cuando estaba buscando la paz con el ELN, reconoció que para llevarlos a la mesa de conversación estaba dispuesto a realizar la Convención Nacional que el ELN reclamaba. Ver: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-981293.

El Senador Uribe critica la suspensión de operaciones militares y los salvoconductos para facilitar los desplazamientos de los negociadores de las FARC a la Habana.  Pero en marzo de 2006 levantó las órdenes de captura contra Antonio García y Francisco Galán.  Sin que hubieran arrancado formalmente las negociaciones,  el Presidente le concedió status político a Antonio García. Además, le expidió un salvoconducto para que regresara al país y pudiera desplazarme libremente por todo el territorio. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1963893

Para Uribe en la Habana se está negociando la impunidad y entregando el país al castro-chavismo y al narcotráfico.  Sin duda, su visión era muy distinta antes, cuando entre diciembre de 2005 y agosto de 2007, el gobierno y el ELN sostuvieron en la Habana siete rondas de conversaciones de paz.

La política de paz del Presidente Santos no representa una ruptura con la de su antecesor. Sigue la misma línea.  Lo que la diferencia es que las iniciativas de paz del Presidente Uribe nunca prosperaron, mientras que las actuales avanzan por buen camino.

¿A quien representa el Procurador?

En contra del interés nacional de conocer la verdad sobre la corrupción en las altas cortes, Ordoñez utiliza su poder para ocultarla.

La Constitución dice que el Procurador General de la Nación tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes y  las decisiones judiciales. La Procuraduría, según la Constitución, representa los intereses de toda la sociedad.

Sin embargo, Alejandro Ordoñez utiliza la Procuraduría General de la Nación para promover su ideología y su agenda política.  Las arbitrariedades del procurador no son nuevas. Pero por más que el país se haya acostumbrado a sus abusos, no debemos olvidar que afectan  los derechos de miles de colombianos.  Su oposición a los matrimonios del mismo sexo y su intervención en la investigación contra el Magistrado Jorge Pretelt son ejemplos contundentes de para quien trabaja Ordoñez.

Para la Corte Constitucional es claro.  Las parejas del mismo sexo tienen el mismo derecho a disponer de una figura contractual, solmene y formal que les permita acceder a un régimen legal de protección familiar que la que tienen las parejas de sexo diferente.

Ante esta realidad constitucional, la Procuraduría tiene la obligación de vigilar que los jueces y notarios respeten los derechos de los ciudadanos del mismo sexo que deciden casarse. Pero no. Para Ordoñez la Corte Constitucional no defiende el principio de igualdad consagrado en la Constitución, sino una “visión evolucionista y materialista de la familia” que atenta contra la “salud social”.

Por eso en 2011, tras conocer la decisión de la Corte, el Procurador exhortó a los notarios presentes en el Primer Congreso Nacional de Notariado a rebelarse contra la Corte Constitucional y a apelar a la objeción de conciencia para privar a las parejas del mismo sexo de sus derechos.

En 2013 expidió una circular en la que le pide a Procuradores delegados y regionales que le informen cada vez que una pareja de ciudadanos del mismo sexo decida casarse. Con esta información ha estado elaborando una base de datos sobre la vida privada de las personas que han acudido a un notario para hacer valer sus derechos.

Ante la arbitrariedad de Ordoñez y su flagrante intromisión en la intimidad de miles de ciudadanos, la Corte Constitucional tuvo que intervenir nuevamente. Hace unos días le envío una advertencia pidiéndole que respete la ley y que se abstenga de imponer su visión.  El Procurador no ostenta la competencia para interpretar la Constitución ni las decisiones de la Corte Constitucional. Además, según la Corte, la actuación de la Procuraduría está violando el derecho a la intimidad, al habeas datas, a la no discriminación y al acceso a la justicia.  El Procurador no está defiendo los intereses de los ciudadanos ni respetando el ordenamiento jurídico.

Esta actitud contrasta con la que ha asumido en el caso del Magistrado Jorge Pretelt.  Ordoñez considera exótico el clamor del país para que Pretelt renuncie y no siga afectando la confianza de los colombianos en la justicia.  Abunda la evidencia sobre la indignidad y falta de ética de Pretelt, pero el Procurador, como buen leguleyo que es, insiste en la presunción de inocencia.

Pero va más allá. Ante la inminente posibilidad de que prospere un proceso disciplinario contra Pretelt en la Comisión de Acusaciones de la Cámara que lo obligaría a apartarse del cargo, Ordoñez convirtió a la Procuraduría en su abogado de oficio.  La Viceprocuradora, Martha Isabel Castañeda, en calidad de Procuradora encargada,  ha acompañado personalmente todas las audiencias que se han llevado a cabo en la Comisión de Acusaciones.  Incluso, en una oportunidad se presentó con un ejército de 11 funcionarios como para que no le quedaran dudas a los investigadores del poder que tiene la PGN para sancionarlos. Y para condicionar definitivamente la actuación de Julián Bedoya, Presidente de la Comisión de Acusaciones,  recientemente le abrió un proceso de disciplinario.

Con esta actitud el Procurador le está poniendo palos en la rueda a la justicia.  Ordoñez corrompe la Procuraduría. Sus acciones no representan el interés general, sino el  de un magistrado corrupto que comparte su ideología. La misma ideología en la que fundamenta su persecución a las parejas del mismo sexo, violando el principio fundamental a la igualdad, que si es un interés de toda la sociedad.

El Bolillo Guache

El número uno de la Federación mostró la misma sensibilidad que se podría esperar de un chofer de volqueta. No hace falta ser una feminista bigotuda para saber que el meollo del problema de la violencia contra las mujeres es que ocurre en la esfera privada

Abrí este espacio para escribir sobre fútbol y política. No estaba escribiendo sobre nada. Afortunadamente, la aparatosa salida del Bolillo  me devolvió las esperanzas en la selección, me quito la pereza de escribir y ahora hasta veo a Bavaria como la gran defensora de los intereses del pueblo (especialmente el femenino).

La renuncia del Bolillo se puede ver desde varios ángulos. El más divertido, sin duda, es el anecdótico. Fue una cagada colombianísima. Como cualquier paisano, fue a un bar  a echarse unos guaros. Después de la primera media no se aguanta las ganas y sale a fumarse un cigarro. Minutos más tarde se arma un alboroto a la salida del bar cuando el bolillo le propina cuatro puños a una mujer. Colombianísima la reacción del hombre que le grita, “pégueme a mí, péguele a un hombre”. Mejor aún, la respuestas de las mujeres que intentaron tomar la justicia por sus manos y vengar la agresión. Pero lo más sabroso del cuento fue la versión del DT cuando se regó el chisme. Públicamente dijo que le había pegado a una mujer que había cuestionado (con toda razón) su trabajo como técnico. Reconoció sentir vergüenza con su esposa y su mamá. El desenlace de los acontecimientos no solo reveló al troglodita  que estaba al frente de nuestro equipo, sino al marido infiel.  Resultó que la víctima de los garrotazos estaba con él y que frecuentemente lo acompañaba al mismo bailadero. Por supuesto no era su mujer. Como buen colombiano solo le faltó decir en su comunicado, “que cagada tan hijueputa, la verdad es que se me borro el casé.”

Pero pasando a temas menos divertidos, peor que la agresión del Bolillo resulta la reacción de Luis Bedoya, Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Casi que tapándose con la misma cobija dijo que esas eran cuestiones infortunadas de la vida privada del técnico y que no tenían relación alguna con su trabajo al frente de la selección. El número uno de la Federación mostró la misma sensibilidad que se podría esperar de un chofer de volqueta. No hace falta ser una feminista bigotuda para saber que el meollo del problema de la violencia contra las mujeres es que ocurre en la esfera privada. Por eso es que tantos hombres (y muchas menos mujeres) le pueden cascar olímpicamente a sus parejas sin recibir ninguna sanción. Qué la persona que ocupa uno de los cargos más visibles del país sea un agresor de mujeres, para Luis Bedoya es una simple cuestión de estilo: de estilo personal. A nivel deportivo, dice Bedoya, lo importante es la meta de clasificar a Brasil 2014.

Pero bueno, si la reacción del bigotudo Bedoya fue penosa la rápida reacción de varios sectores influyentes es alentora.  Los medios de comunicación corrieron a divulgar las noticias y revelar los pormenores del “bolillazo”, así como las tantas reacciones que generó. Entre ellas, las de  varias organizaciones de mujeres que salieron a demandar la renuncia inmediata del guache. Al mismo tiempo,  la bancada femenina del Congreso repudió el acto y exigió sanciones. Aunque tímidamente, el Programa Presidencial para la mujer sugirió aprovechar el mal ejemplo del Bolillo para fortalecer las campañas en contra de la violencia de género. Pero como siempre, el del billete es quien manda. Solo la amenaza de Bavaria de retirar el patrocinio a la selección si el Bolillo continuaba al frente sensibilizó al Presidente de la Federación en asuntos de género.  Ya con platica de por medio, Bedoya se dio cuenta que tal vez el comportamiento del Bolillo no era tan privado como inicialmente pensó.

Brasil: auge inmobiliario y déficit de vivienda

Permitir el acceso a una vivienda digna y segura para los más de seis millones de brasileros que viven en zonas de riesgo deber ser una de las mayores prioridades del gobierno

Una triste historia se repite irremediablemente cada año en Brasil. En medio de la resaca de fin de año comienza la temporada de lluvias. Diluvios descomunales sacuden una gran porción del territorio brasilero dejando un balance de muerte y desolación. Centenares de víctimas y cientos de miles de personas quedan sin casa como consecuencia de los deslizamientos de tierra. Pasó en 2010 en Niteroi, Rio de Janeiro y en el estado de Alagoas. Y se repitió con mayor intensidad en Enero pasado en la región serrana de Rio de Janeiro y en el interior del estado de Sao Paulo.

La lección es clara. Permitir el acceso a una vivienda digna y segura para los más de seis millones de brasileros que viven en zonas de riesgo deber ser una de las mayores prioridades del gobierno. Hay una buena notica. El mercado inmobiliario se ha convertido en uno de los sectores más dinámicos de la economía brasilera. Este auge se ve reflejado en el impresionante aumento en los precios de la propiedad raíz durante los últimos 10 años.  En Sao Paulo, por ejemplo,  el metro cuadrado nuevo subió 175 por ciento en este periodo. En el último año, con un aumento del 34 por ciento, Brasil fue el país con mayor valorización inmobiliaria del mundo.

Las condiciones económicas están dadas. La estabilidad económica facilita la planeación a largo plazo. En este contexto, el mercado del crédito inmobiliario se multiplicó por 13 entre 2005 y 2010, al pasar de 13 a 57 billones de reales.  Las tasas de interés han bajado significativamente y ahora se consiguen créditos por un plazo de hasta 30 años. Además, los ingresos de los brasileros vienen subiendo, en promedio, seis puntos encima de la inflación.

A pesar de este contexto económico favorable hay lugar para el escepticismo. Si algo queda claro de una revisión de la historia brasilera es el divorcio que existe entre crecimiento económico y desarrollo social. A pesar de las bonanzas económicas experimentadas en diferentes momentos de su historia, Brasil se ha caracterizado por la incapacidad de integrar socialmente a una porción significativa de su población. La misma que tiembla cada vez que comienza a diluviar.  Ojala que el gobierno del Partido de los Trabajadores esta vez sí les cumpla a los trabajadores…

Auge minero y reducción de la pobreza

Para nuestra desgracia, los beneficios de las bonanzas mineras rara vez son disfrutados por la gran mayoría de la población

El crecimiento económico que han experimentando buena parte de los países latinoamericanos durante la última década ha despertado optimismo. De acuerdo a cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el número de ciudadanos que vive en la pobreza ha venido bajando consistentemente.  En 1990, el 48 por ciento de los latinoamericanos se encontraba bajo la línea de pobreza, mientras que el 23 por ciento estaba en condiciones de indigencia. Hoy, veinte años después, hay motivos para ilusionarse. 32 por ciento de los latinoamericanos están bajo la línea de pobreza y apenas el 12 porciento se encuentra en la indigencia.

A pesar de la mejora, la reducción de la pobreza sigue siendo (o al menos debería ser) la prioridad de la mayor parte de los gobiernos de la región. Por eso vale la pena preguntarse si el auge económico actual contribuirá de manera decidida a mejorar la calidad de vida de la mayor parte de los latinoamericanos. La respuesta pareciera ser negativa.  En buena medida el crecimiento de las economías latinoamericanas está siendo jalonado por la demanda de recursos naturales no renovables. Por ejemplo, durante la década del 2000, los productos mineros constituyeron el 52 por ciento de las exportaciones de la región.

Para nuestra desgracia, los beneficios de este tipo de bonanzas rara vez son disfrutados por la gran mayoría de la población. Por su naturaleza extractiva,  la minería es una actividad volcada hacia afuera poco articulada con los circuitos económicos internos. Más aún, las consecuencias de la minería sobre otras ramas de la economía pueden ser tan negativas  que es considerada como una maldición: la maldición de los recursos naturales.  Por un lado, un volumen alto de exportaciones trae consigo un exceso de divisas que terminan por revaluar la moneda local. La revaluación implica pérdida de competitividad de la industria nacional, pues aumenta su valor en los mercados internacionales al tiempo que tienen que enfrentar la competencia de productos importados más baratos.  La consecuencia es obvia: desindustrialización y pérdida del empleo.

El desarrollo depende de la industria. Al menos el tipo de crecimiento que se traduce en diversificación de la economía, grandes inversiones en capital humano, creación de empleos formales, y en una mejora notable de las condiciones de vida de la mayor parte de la población.  No existe una fórmula mágica para alcanzarlo. La única certeza, ilustrada por la experiencia de los países del sudeste asiático, es que del desarrollo de un sector industrial dinámico y competitivo depende el tipo de crecimiento que se traduce en mejoras substanciales en el nivel de vida. En el caso latinoamericano parece más bien que estamos asistiendo a uno ciclo más de crecimiento impulsado por las demanda de los mercados internacionales. Al igual que en tantos otros momentos de nuestra historia,  es probable que una contracción,  que a los chinos se les acabe el impulso por ejemplo, nos devuelva a los tiempos de estancamiento económico e inestabilidad política.

Narcotráfico en Centro América y lucha contra-insurgente en Colombia

La irrupción de Honduras, El Salvador y Guatemala como escenarios claves del narcotráfico puede limitar significativamente la ayuda militar recibe Colombia de parte de los Estados Unidos

Un artículo reciente de la edición online del Economist revela una inquietante transformación en el negocio del narcotráfico. De acuerdo con el semanario inglés, Honduras, Salvador y Guatemala actualmente sufren las mayores tasas de homicidio en el mundo. El aumento de las muertes violentas está estrechamente ligado con el auge del narcotráfico. Desde hace mucho tiempo estos países han jugado un papel relevante en la cadena de exportación de drogas a los Estados Unidos.  En los últimos años, sin embargo, como consecuencia de la creciente presión sobre el narcotráfico en Colombia y México, Centroamérica ha comenzando a concentrar una porción mayor del tráfico de drogas y el número de traficantes que se están estableciendo en estos países tiende al alza.

Las condiciones están dadas para que  delincuentes centroamericanos terminen asumiendo el eslabón más lucrativo del tráfico de drogas: el control de la entrada a los Estados Unidos.  A la pobreza y falta de oportunidades en la que viven millones de jóvenes, se suma su ubicación geográfica, la alta disponibilidad de armas y veteranos de guerras civiles, el conocimiento del negocio que ya tienen las pandillas y mafias locales y la existencia de instituciones y aparatos de seguridad débiles.

¿Por qué estos cambios son relevantes para Colombia? La respuesta es obvia.  La irrupción de Honduras, El Salvador y Guatemala como escenarios claves del narcotráfico puede limitar significativamente la ayuda militar recibe Colombia de parte de los Estados Unidos. Ya se ha hablado de un “Plan México” inspirado en el Plan Colombia para hacer frente al desafío mafioso que enfrenta este país. ¿En tiempos de recesión económica habrá suficientes recursos para otros paquetes nacionales de ayuda militar?  El problema es serio, pues al fin y al cabo en Colombia la lucha contra el terrorismo o la guerrilla está estrechamente ligada a la lucha contra el narco-tráfico.  Es innegable que los más de 7 billones de dólares que Colombia ha recibido desde el año 2000 a través del Plan Colombia  han sido fundamentales en los avances que se han conseguido en la guerra contra las FARC.

Pero las FARC aún no están vencidas. Así como la ayuda estadounidense ha sido clave, su disminución o retiro podría darle un nuevo aire a la guerrilla. Triste ironía. Los avances en la Seguridad Democrática y los nuevos tiempos de Prosperidad Democrática pueden hacer pensar a muchos legisladores americanos que la ayuda a Colombia dejo de ser un asunto prioritario.  Pero mientras el tráfico de drogas siga siendo la principal fuente de ingreso para nuestras tantas modalidades delincuenciales, un recorte en la ayuda puede ponernos nuevamente en la triste senda de Estado fallido que todos creemos haber abandonado.

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